Hace cosa de un año que la pesadilla del COVID-19 comenzó oficialmente. Los seres humanos se adecúan a sus circunstancias y, así, los guatemaltecos de la región metropolitana, que antes de esta pandemia usaban el servicio de transporte colectivo de “los tomates”, han recurrido a diversos medios para transportarse de un sitio a otro, incluyendo, en algunos casos, a sus propios medios.
Con anterioridad a esta situación excepcional el marco legal y financiero del sistema de transporte colectivo consistía de concesiones monopolísticas entregadas a un cartel de transportistas que, apalancados por las amenazas recurrentes de paro del transporte colectivo, consiguieron subvenciones estatales de las que, hasta el día de hoy, nunca han dado cuenta transparentemente. Ese marco impresentable ha producido los frutos esperados, a saber: autobuses viejos y destartalados, inseguridad vial, daños ambientales y rutas trazadas para favorecer a los transportistas y no a los usuarios del sistema.
Pero, como he dicho arriba, esta bendita pandemia ha demostrado que, realmente, los transportistas no tenían la sartén por el mango y que la región metropolitana puede vivir sin ellos. Pero ¿es la situación que prevalece razonablemente eficiente? No sé de estudios confiables que permitan responder categóricamente a esa pregunta; sin embargo, dudo mucho de que el usuario medio esté satisfecho con el actual estado de cosas.
Esta situación, empero, podría mejorar mucho con relativa facilidad. A todos esos pequeños y microempresarios que han salido a las calles a ofrecer una opción de transporte se les puede crear un marco legal, financiero e institucional que, de una parte, dé a los usuarios mayor transparencia y seguridad del servicio y, de la otra, dote a los oferentes de mayor formalidad y confiabilidad.
Adicionalmente, la subvención estatal –que no defiendo, pero el hecho es que existe—no tiene por qué otorgarse a transportistas organizados en un cartel de tipo monopolístico, sino que puede entregarse a los propios usuarios. Hoy en día las tecnologías disponibles permiten mecanismos sumamente sencillos y eficientes para conseguirlo.
Así, la totalidad de la subvención estatal puede ponerse a disposición de todo usuario de un medio de transporte colectivo o individual que, haciendo uso de su teléfono móvil, compre a descuento un “abono de transporte” (así como hoy compra “tiempo de aire”, por ejemplo). El proceso podría ser tan fácil como llegar a cualquier agencia de los operadores de telecomunicaciones (que también podrían ganar gestionando el sistema) y adquirir por cincuenta quetzales efectivamente pagados un “abono de transporte” por un importe, por poner un número, de cien quetzales. Con ese “abono de transporte”, el usuario podría pagar cualquier servicio que fuera de su preferencia, por ejemplo, marcando el número de registro del autobús, microbús, taxi o del Uber y la suma a pagar.
Todos los prestadores de servicios de transporte que quisieran ofrecer sus servicios a los usuarios que adquieran un “abono de transporte” tendrían que registrarse en línea, dar sus datos personales y los de su vehículo (más una fotografía digital) al igual que el número de cuenta a la que se abonarían las sumas correspondientes a los servicios prestados. Otro requisito podría ser la obligación de colocar en una ventana del vehículo el tarifario del prestador, de tal manera que los
usuarios no fueran objeto de abusos (pudiendo, cuando así fuera el caso, reclamar con referencia al número de registro del vehículo).
Pienso que también en esto ya es hora de pasar al siglo veintiuno y de abandonar esquemas caducos cuyo fracaso rotundo se ha hecho evidente desde hace décadas.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala, 15 de marzo e 2021.
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