Una de las formas de describir a los partidos políticos a nivel teórico es como “intermediarios” entre los ciudadanos y quienes optan a un cargo público. Es fácil darse cuenta de que, en una democracia contemporánea, sería prácticamente imposible manejar una elección en la que mil setecientas personas –por decir un número—se presentaran como candidatas a cualquier cargo público en particular. Si ya es difícil entender una contienda electoral en la que compitan más de diez partidos políticos, una con cientos de candidatos para cada cargo en particular sería imposible de manejar en la práctica.
Pero, dicha intermediación no termina en el mero hecho de que, de esa manera, el número de candidatos se reduzca a una magnitud manejable. Se trata de varias cuestiones de fondo. Quizás las más importantes seas las de la ubicación ideológica de los candidatos, su calidad cívica y sus competencias.
En otras palabras, para que la intermediación de los partidos políticos funcione, cuando uno de ellos proclama candidato a cualquier cargo público a un ciudadano, ese acto debiera tener el triple significado siguiente: primero, ese candidato abraza y hace propios determinados principios, valores e ideología; segundo, ese candidato tiene una trayectoria de rectitud y honradez en la vida pública de la sociedad en que vive que justifica su aspiración a ejercer un cargo público por elección; y tercero, que desde un punto de vista profesional o técnico, tiene las competencias y experiencia necesarias para ejercer el cargo público al que aspira, si fuese electo.
De todo ello se deduce que, para que una democracia representativa sea funcional, los partidos políticos son una pieza clave. Esto es una verdad de Perogrullo, pero, según creo, una buena parte de quienes integran las élites intelectuales, morales y económicas del país, no lo han visto así. Creo que, en cierto modo, entre dichas élites se juzga a cada partido según concurra o no a favorecer, de llegar al poder, unas determinadas políticas públicas.
Dicho de otra forma, para muchos integrantes de las élites del país, un partido político es bueno o malo dependiendo de qué políticas públicas pongan en práctica sus funcionarios, lo cual, a su vez, depende de si dichas políticas públicas les son o no favorables. Esa visión de un partido político es potencialmente catastrófica.
En efecto, cuando uno entiende el “producto final” de un partido político como el paquete de políticas públicas que sus candidatos pudieran llegar a aprobar, el paso lógico a dar es invertir en el partido político que ofrezca el mejor producto. Y, del lado de los partidos políticos, la idea de la intermediación, como la he descrito arriba, desaparece.
La idea de una intermediación ideológica, de virtud cívica y competencias técnicas desaparece porque la cuestión clave es diseñar y ofrecer el mejor “producto final”. Deja de importar qué convicciones tengan
los candidatos, cuál sea su trayectoria cívica o el nivel de profesionalidad que hayan demostrado. Lo que importa es su capacidad de diseñar y de entregar, llegado el momento, el producto demandado.
Así, en las sesiones del Congreso nada se discute ni debate porque el producto ofrecido ya está claro y la cuestión se vuelve una, entonces, de conseguir los votos que haga falta para aprobarlo. Este proceso es, evidentemente, destructivo de la democracia porque, al final de cuentas, los ciudadanos no sirven para nada más que para dar apariencia de legitimidad a la negociación de “productos” entre líderes partidarios y grupos de interés. Ojalá que se reforme a tiempo.
Eduardo Mayora Alvarado.
15 de diciembre de 2021.
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