Al ciudadano desorganizado lo explotan.

Al ciudadano desorganizado los grupos de interés lo explotan.  En algunos países más en otros menos, al ciudadano desorganizado los grupos de interés lo explotan.  El grado al cual los grupos de interés explotan al ciudadano desorganizado depende, en una medida muy importante, de dos factores, a saber: primero, hasta qué punto las reglas de la Constitución permiten que los poderes públicos (como la mayoría del Congreso o el Ejecutivo) transfieran rentas de unos a otros; y segundo, hasta qué punto los tribunales encargados de interpretar la Constitución a la luz de esquemas para explotar al ciudadano desorganizado hacen valer sus derechos. Pero, intentemos, para empezar, definir un poco estas dos nociones de “ciudadano desorganizado” y de “grupo de interés”. El ciudadano desorganizado es aquel que no se gana la vida, sea como empresario, como profesional o como empleado dependiente, consciente de su pertenencia a un grupo diferenciado.   Algunos ejemplos pueden ser los empresarios que comercian con mercancías no especializadas ni sujetas a regímenes de seguridad o de sanidad especiales; los profesionales cuyos clientes se fijan en sus destrezas y no en el hecho de que tengan alguna facultad de relevancia pública (como certificar, autenticar, validar, etc.) y los empleados que prestan sus servicios en empresas u organizaciones respecto de las cuales, por la naturaleza de sus actividades (generalmente no especializadas), por su tamaño (más bien PYMES) o por ser ajenas a negocios sujetos a regulación estatal (como la banca, los seguros, los laboratorios farmacéuticos, etc.) son muy numerosas y más bien dispersas. Un grupo de interés es aquel que aglutina a sus integrantes por la coincidencia de beneficios (o perjuicios) entre el grupo y cada uno de los individuos que lo integran, siendo mayor el beneficio de organizarse que el coste de aglutinarse.  Algunos ejemplos pueden ser, en el caso de los empresarios, quienes producen una mercancía específica o cultivan un producto determinado a gran escala; en el caso de los profesionales, quienes pertenecen a un gremio en particular que ejerce algún tipo de facultad de relieve público; y en el caso de los empleados, quienes forman parte de una federación sindical o de cooperativas de un cierto sector del Estado o de la economía, respectivamente. Así, el ciudadano desorganizado no lo es porque lo prefiera sino porque es racional.  Es decir, al calcular el coste que tendría organizar a los empleados que trabajan en miles de zapaterías (por ejemplo) en todo el país, comparado con los beneficios que, él individualmente, pudiera derivar de tal organización, llega a la conclusión de que, literalmente, no vale la pena.  Por el contrario, el ciudadano que, como maestro de educación pública se integra a uno de los dos o tres principales sindicatos o el empresario que promueve la organización de una gremial que aglutinaría a unas treinta empresas de un sector especializado relativamente grandes, claramente perciben, al hacer su cálculo, que los costes de integrarse al grupo de interés o de promover su creación pueden ser mucho menores que los beneficios potenciales. De esa manera, usando los ejemplos ilustrados arriba, aunque a un maestro pueda costarle la tercera parte de uno de sus 14 salarios anuales afiliarse al sindicato y apoyar sus actividades, ese coste comparado con la expectativa un aumento sostenido de su salario y prestaciones de ahí en adelante es mucho menor. De la misma manera, la cuota mensual para cada una de las empresas agremiadas, comparada con los beneficios esperados de la protección y promoción de sus intereses, vale la pena. La otra variable de esta ecuación, metafóricamente hablando, son lo políticos.  Los que están en el poder procuran el apoyo en votos, en dinero o en poder de todos los grupos de interés que puedan, siempre y cuando lo que estos pidan a cambio no suponga un coste político demasiado alto.  Volviendo a los ejemplos que venimos usando, si el sindicato puede ofrecer el voto disciplinado de doscientos mil ciudadanos el día de las elecciones generales, pues los políticos estarán dispuestos a dar prebendas muy importantes por medio del pacto colectivo de condiciones de trabajo y si la gremial empresarial puede dar una contribución financiera importante para la siguiente campaña, los políticos pueden organizar diversos tipos de paquetes que incluyan proteccionismo contra competidores, subvenciones, rebajas impositivas, etcétera. Por supuesto, como hemos dicho arriba, los políticos tienen la necesidad de determinar que lo que negocien a cambio del apoyo o contribuciones que reciban, sea constitucional y legalmente válido.  Además, debe ser políticamente digerible por los ciudadanos desorganizados. Los ciudadanos desorganizados son mucho más numerosos que los que integran los grupos de interés y, por esa razón, la fracción del coste de las prebendas que los políticos negocian con los grupos de interés que cada ciudadano desorganizado soporta, es relativamente chica. Así, por ejemplo, unas prebendas para el sindicato de maestros de cien millones de quetzales y otra para la gremial empresarial por igual importe al año, distribuida entre diez millones de ciudadanos desorganizados, le cuesta a cada ciudadano diez quetzales al año en cada caso.  Ninguna persona racional sale a protestar a la calle por veinte quetzales al año. Empero, según el cálculo de los políticos y de los grupos de interés, el ciudadano desorganizado medio tampoco sale a protestar por mil quetzales al año y, por consiguiente, siguiendo este ejemplo hipotético, la estimación que realizan es que hay cabida para unos diez millardos de quetzales al año que pueden negociarse entre políticos y grupos de interés… cortesía de los ciudadanos desorganizados. Ahora bien, como hemos dicho al principio, para que este negocio de explotación del ciudadano desorganizado funcione, hace falta que la Constitución y las leyes del Estado permitan que los políticos transfieran rentas a costa de los ciudadanos desorganizados y beneficio de los grupos de interés y que el tribunal encargado de interpretar la Constitución así vea las cosas.  Esa es, en mi opinión, con ciertos matices, la situación en Guatemala. Eduardo Mayora Alvarado Ciudad de Guatemala 20 de agosto de 2022.