A las derechas y conservadores de buena voluntad

Me dirijo a los guatemaltecos de buena voluntad que integran eso que se llaman “las derechas” o “grupos conservadores”.  Les planteo, para empezar, ciertas cuestiones a nivel general, seguramente bien conocidas por todos, pero indispensables para comprender mi subsecuente exhortativa en relación con la crisis política que vivimos.  Me atrevo a hacerlo porque mi independencia respecto del régimen político en el poder, de Movimiento Semilla y los doctores Bernardo Arévalo y Karin Herrera, me permiten apreciar con objetividad las circunstancias que han dado lugar a los graves hechos a los que asistimos.

No les pido que me crean, sólo porque aquí lo afirme, que soy liberal.  Les pido que me crean con base en las ideas que he publicado por hace casi cuatro décadas en Siglo Veintiuno, Crónica, Contrapoder, Prensa Libre y en Epicentro.

Para mí está claro que algunos grupos de entre las derechas y los conservadores tampoco gustan del liberalismo, por lo menos, no totalmente.  Opinan, por ejemplo, que si otros países, socios comerciales de Guatemala, protegen o subvencionan a sus empresarios, Guatemala debe hacer lo mismo.  Entienden que una ley para prevenir y reprimir acciones y pactos anticompetitivos sería más bien contraproducente y que, como están las cosas, ya hay suficiente competencia. Aunque sea discutible desde una perspectiva de conflictos de interés, prefieren que la Junta Monetaria, la Junta Directiva del IGSS y otros órganos de gobierno de entidades autónomas del Estado tengan representación empresarial o patronal.  En fin, me refiero a que no trato aquí de presentarme como “miembro de su tribu”, sino simplemente como liberal.

Desde esa perspectiva liberal, seguramente tengo menos coincidencias ideológicas con los miembros y simpatizantes de Movimiento Semilla.  Hablo, en general. Algunos de ellos creen en la necesidad de conseguir mayores cotas de igualdad social por medio de políticas fiscales redistributivas y yo creo que la acción del Estado, en materia de política social, debe limitarse, como apuntaba Friedrich Hayek, a canalizar recursos para brindar sustento a quienes no puedan hacerlo por sí mismos actuando en los mercados, mientras no puedan conseguirlo.  Otros, favorecen subvenciones estatales para financiar microcréditos para el sector campesino o para desarrollar vivienda popular.  Yo pienso que el Estado debe limitarse a subvenciones focalizadas y temporales, como por ejemplo para ayudar a recuperarse a algún sector de la economía que enfrente las consecuencias de un desastre natural u otro que, en vista de cambios drásticos y repentinos en el entorno económico, deba transitar hacia otras actividades productivas.  Si bien creo que el sector público tiene un rol importante a desempeñar en materias de educación y de salud públicas respecto de sectores de la población en situación de pobreza, considero que nada tiene que hacer financiando la educación superior de la clase media.  En fin, me refiero a que tampoco pertenezco a esa “tribu ideológica”.

Pero, sobre todas esas cuestiones y muchas otras, nunca llegaremos a consensos unánimes y, si aspiramos a vivir en una sociedad abierta, no hay más remedio que debatir respetuosa y ampliamente sobre cada una de ellas. Desde la perspectiva del régimen político del Estado, no hay más alternativa que la democracia representativa para que el libre juego de las ideas en el plano intelectual encuentre un reflejo en el plano de las propuestas partidarias y de las políticas públicas. En el plano de la vida política del Estado, esas polémicas sociales o económicas presuponen que muchas personas que no piensan como nosotros formulen y respalden ideas y políticas públicas que a cada uno de nosotros pueden parecer, literalmente, descabelladas.  Pero, tenemos que respetarlas y enfrentarlas con otras ideas y el arte de la persuasión.

Descendiendo a la coyuntura política, para mí es comprensible que, de entrada, el triunfo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera en la segunda ronda de las elecciones generales para presidente y vicepresidente de la República, no haya sido para ustedes una buena noticia.  Además, creo yo que, con la intención de suscitar una imagen de radicalidad ideológica, algunas declaraciones de algunos representantes de Movimiento Semilla en el Congreso y del propio Dr. Arévalo, se han hecho circular por las redes sociales y en los chats, con ese preciso efecto.  También se ha asociado al presidente electo con declaraciones de terceros en el marco de la reunión del Grupo de Puebla, planteando una asociación ideológica entre su persona y el Che Guevara y Fidel Castro.  En fin, los oponentes ideológicos del presidente y la vicepresidente electos no han escatimado esfuerzos ni recursos en suscitar dudas, inquietudes y hasta temores de que, una vez en el poder, las políticas públicas que impulsen vayan a reflejar ese supuesto radicalismo ideológico.  Yo supongo que, como pasa en cualquier partido político, hay miembros radicales y moderados.

En síntesis, para mí es comprensible que muchos de ustedes abriguen esas dudas y temores y, además, también es lógico que desconfíen de un gobierno de centroizquierda o de izquierda.  Les preocupan temas como los impuestos, las cargas sociales, los salarios mínimos, la deuda pública, los déficits fiscales, que se den procesos inflacionarios, que el tamaño del sector público se vuelva demasiado pesado para la economía, etcétera.  Creo que nadie puede asegurarles, sin temor a equivocarse, que nada de eso vaya a pasar.

Pero ¿cuánto pueden costarnos esas medidas y políticas fiscales y económicas? ¿Cuánto pueden costarnos comparado con el coste de perder la democracia?

No pretendo aquí afirmar que las acciones penales desplegadas desde el Ministerio Público (MP) son parte de algún complot o conspiración para defenestrar el proceso electoral y lograr que la coalición gobernante siga en el poder, o para asegurarse impunidad durante los siguientes cuatro años, bajo el gobierno de sus enemigos ideológicos.  También ignoro qué pactos políticos pueda haber entre las diversas facciones y partidos en el poder; imagino que los hay porque así es la praxis política.

Sin embargo, hay algunos hechos que, apreciados con objetividad, permiten explicar muchas de las dinámicas que se han dado desde que concluyó el proceso electoral.  Tampoco afirmo que sólo puedan interpretarse del modo como adelante expongo, pero es difícil entenderlos en otra clave, sobre todo desde la perspectiva de Movimiento Semilla, sus correligionarios, simpatizantes y de un segmento muy grande de la población que ha desarrollado un cierto sentimiento antisistema (como la alarmante porción de votos nulos y en blanco pusieron de manifiesto en la primera vuelta).

 

Un primer hecho de peculiar relieve es que, habiendo perdido en la segunda vuelta electoral por una diferencia tan significativa, la señora Sandra Torres y su partido se hayan negado a reconocer a los ganadores.  Sin pruebas que justificaran su negativa, puesto que sus fiscales de mesa no plantearon objeciones o recursos durante el proceso electoral o a continuación, su negativa es una señal, un indicio preocupante.  Posteriormente, estos actores clave en el proceso electoral, presentaron una denuncia penal alegando, una vez más, sin fundamentos claros –mucho menos sólidos—que el software empleado para la transmisión de resultados preliminares (el TREP) fue manipulado, dando lugar a que los resultados consignados en las actas no se transmitieran, sino que fueran otros, por tanto, inválidos.

La denuncia, en sí y de por sí, reviste un carácter grave, pero el hecho de que el MP decida actuar de manera categórica con base en ella y que, respaldados por las órdenes judiciales solicitadas, se hayan realizado allanamientos inéditos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) configura una situación alarmante.  A todo esto, el caso se somete a reserva de modo que los medios de prensa, la sociedad civil y la ciudadanía quedan excluidas de cualquier posibilidad de escrutinio o verificación de las alegaciones y actuaciones llevadas a cabo.

Paralelamente, con base en denuncias muy anteriores al proceso electoral (una de ellas formuladas por el propio Dr. Arévalo), se lanza otra investigación penal por el MP y se pide al Juez Orellana la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. El solo hecho de pedir algo así requeriría de una justificación especial, porque los partidos políticos son instituciones de derecho público.  Pero, el hecho de que el juez conceda la medida, en pleno proceso electoral, es casi imposible de explicar.  ¿Por qué nunca se actuó sobre esas denuncias desde que fueron presentadas y por qué era indispensable, precisamente ahora, promoverlas con tal vehemencia?

Estas acciones fueron también inexplicables porque la Constitución categóricamente establece que “todo lo relativo” a las organizaciones políticas –los partidos—se rige por la ley constitucional de la materia electoral, pero el juez Orellana se fundamentó en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.  Por esos imponderables de la historia, una prohibición de suspender a un partido político mientras está vigente el proceso electoral, contenido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, supuso que la orden del juez fuera temporalmente ineficaz.  Pero, una vez más, ¿cómo pueden entenderse todas estas acciones desde la perspectiva de los ganadores de la elección y de sus correligionarios y simpatizantes?

Si todo eso fuera poco, con base en una denuncia de corrupción, por sobrevaloración en la adquisición del software para el TREP, una vez más el MP promueve una acción en contra de los magistrados del TSE, solicitando que se levante su antejuicio.  Y, también esta vez, se desconocen las bases, indicios o fundamentos justificativos de tales acciones.

En otra ruta paralela, se presentan ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad diversas peticiones de amparo para procurar conjurar los riesgos de que la firmeza del proceso electoral sea afectada por todas estas acciones.  No hay lugar aquí para entrar en detalles, pero nada de eso ha impedido el curso de la embestida contra el partido ganador, contra el TSE y contra el proceso.

Así las cosas, con ocasión de la presentación de una de esas acciones de amparo, Bernardo Arévalo convocó a sus seguidores a acompañarlo a la Plaza de la Justicia para exigir de la Corte Suprema de Justicia el otorgamiento de la protección constitucional pedida.  De esa primera manifestación comenzaron a surgir otras, tanto en la capital como en el interior de la república.  Algunas se dieron espontáneamente, otras fueron convocadas, pero se relacionaban con los procesos de amparo y la exigencia de poner fin a lo que, desde la perspectiva de Movimiento Semilla y sus simpatizantes y correligionarios, ya constituía, sin duda alguna, un conjunto de acciones para defenestrar el proceso electoral.  No lo afirmo yo, sino que así se publicó en los medios y se comentó sin cesar en las redes sociales.

Ignoro si, como consecuencia de una concertación o espontáneamente, diversas expresiones de las organizaciones cívicas de los pueblos originarios, como los Cuarenta y ocho Cantones de Totonicapán, comenzaron a realizar manifestaciones.  Estas se enfocaron en la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, identificándolos como los instrumentos para destruir y anular el proceso electoral.

La deriva de las manifestaciones y bloqueos es bien conocida y la población está desesperada.  En la mesa de diálogo, mediada por la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha instaurado una suerte de “diálogo de sordos” en que los representantes de las organizaciones de los pueblos originarios exigen del presidente Alejandro Giammattei, como jefe del Estado, que “pida a la fiscal general su renuncia” y él responde: “no tengo facultad para destituirla”.

Según veo las cosas, guatemaltecos de buena voluntad, hay suficientes hechos objetivos que justifican la visión del presidente y la vicepresidente electos, de sus partidarios, de sus simpatizantes y de las organizaciones que se manifiestan en toda la república de que se les quiere arrebatar el triunfo en las urnas.  En estos momentos ya no están en juego las renuncias de tres o cuatro funcionarios, sino la subsistencia misma de nuestro régimen constitucional.  Con todo y sus defectos y limitaciones, es preferible a una dictadura, no importa de si de derechas o de izquierdas.  Tanto moral como pragmáticamente es un punto de partida muy superior para emprender reformas que un rompimiento constitucional que nos llevaría a un pasado que creíamos superado y a unas circunstancias gravísimas para todos.

Por Guatemala, por su vocación democrática como guatemaltecos de buena voluntad, por su sentido de justicia y de respeto por el derecho ajeno, que es la paz, ¡es el momento de dejar esas dudas y temores ideológicos, de transcender al nivel de los valores y los principios y de salvar lo que queda de democracia!

La llave de la solución de este asunto está en el presidente Giammattei. Si como jefe del Estado él pidiera a la fiscal general, al fiscal Curruchiche y al juez Orellana sus renuncias para entregar sus cargos, con plenas garantías de seguridad personal y jurídica para ellos, respaldadas por la OEA como mediadora y garante, y si las contrapartes en la negociación accedieran a deponer inmediatamente los bloqueos, podemos salir adelante. ¡Los exhorto a exigirlo!

Eduardo Mayora Alvarado

Guatemala, 15 de octubre de 2023.