Las escenas televisadas a lo largo del domingo 14 de enero tienen que haber dejado perplejos a millones de guatemaltecos. Seguramente, muchos se preguntaron: –pero, si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya ha declarado válidas las elecciones y ha extendido a cada diputado sus credenciales, ¿qué pinta la Contraloría General de Cuentas en el Congreso de la República? Creo que tengo una respuesta a esa pregunta.
Consiste en que, deformando cada vez más la idea más elemental de “derecho” y la noción más básica de “justicia”, muchos de los funcionarios administrativos, legislativos y judiciales de Guatemala, sepultan la sustancia de las cosas bajo formalismos rebuscados con los que, insultando la inteligencia del ciudadano medio, pretenden dar apariencia de legalidad a las más burdas violaciones constitucionales y legales que uno pueda imaginar.
Así, aunque parezca mentira, este pasado domingo, la Junta Directiva del Congreso de la IX Legislatura –seguramente con el respaldo de no pocos líderes partidarios– pretendió una de las más insólitas burlas al más elemental sentido común. No digamos, a las normas fundamentales de la república.
En efecto, después de que se realizaran elecciones generales para diputados al Congreso de la República en orden y con la acostumbrada transparencia que permite el sistema descentralizado empleado en Guatemala, ese grupo de diputados pretendía tener la facultad de desacreditar a cualquier diputado electo que no satisficiera un requisito inexistente en la totalidad del orden jurídico del Estado.
Ese grupo de diputados pretendía decir a esos millones de ciudadanos que su soberanía materializada en sus votos, no valen nada, con todo y la declaración de validez del proceso electoral hecha por el TSE –único órgano del Estado competente para ello–. No valen nada porque, si cualquier denunciante anodino, con o sin razón, con o sin fundamento, plantea una denuncia contra un diputado electo, pues, se acabó, no ha de tomar posesión de su cargo.
Ese grupo de diputados no es, ni mucho menos, la excepción. El arte de “encontrar pelos en la sopa” para descalificar, desprestigiar, perseguir y hasta privar de su libertad a una persona, en la Guatemala de hoy, ha llegado a niveles de fábula. El llamado “fraude de ley”, que no es más que sacar de todo contexto y razonabilidad una regla legal para conseguir, al aplicarla, un resultado exactamente contrario al conjunto del ordenamiento jurídico y los principios y valores que lo inspiran, está a la orden del día.
Pero, don Juan Chapín, que no es ningún tonto, ya ha entendido eso con claridad. Le llama “huisachadas” y lo huele a leguas de distancia. En parte, harto de asistir a farsa tras farsa formalista, ha decidido dar a Guatemala uno de los primeros lugares en Latinoamérica en tamaño de la conocida “economía informal”.
Los jueces y magistrados (no todos) son y no son los principales responsables de todo esto. Lo son, porque una de sus principales funciones es la de identificar y descartar esos “fraudes de ley”, esas “huisachadas”, esos formalismos rebuscados e interpretar y aplicar con rectitud las normas del derecho. Pero, no lo son, porque el establishment político, en colusión con ciertos grupos de interés, ha creado unos procedimientos y mecanismos que redundan en el despojo de las características que, por excelencia, garantizan una buena función judicial, a saber: la independencia y la imparcialidad. La reforma de esos procedimientos y mecanismos, como he insistido hasta el cansancio, es indispensable.
A pesar de todo eso, gracias a esos millones de granos de arena que, entre todos los ciudadanos se pusieron en forma de votos y de su defensa de la soberanía del pueblo, ¡somos una democracia!
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala, 15 de enero de 2024
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