El trámite de la iniciativa de ley de Infraestructura Vial se ha reactivado. Es una iniciativa en la que el sector privado tiene puestas expectativas muy altas. Eso se debe a que es uno de los aspectos más grave y sistemáticamente afectados por la disfuncionalidad del proceso político de nuestra república.
Creo que es muy interesante que haya habido épocas pretéritas en las que las carreteras y caminos estaban en manos del Estado y, sin embargo, en términos relativos Guatemala no estaba atrás de sus vecinas en lo que a su red vial se refiere. De hecho, en una época era motivo de prestigio profesional para un ingeniero de caminos integrar el equipo de la Dirección General de Caminos. Era un cuerpo profesional de élite y sus talleres e instalaciones administrativas estaban a la altura de los desafíos de aquella época.
Eso se explica, me parece, por el hecho de que las administraciones públicas de Guatemala no se habían desprofesionalizado ni politizado al nivel que lo están ahora. No afirmo que no haya profesionales de valía y con vocación de servicio civil en la burocracia del país. Digo que, paso a paso, a lo largo de unas tres décadas, los cuerpos de profesionales, técnicos y funcionarios administrativos fueron cayendo en las redes de los políticos. Esto, a su vez, se debe a que antes de la constitución vigente no se habían confundido a un punto tan extremo dos órdenes de relaciones muy diferentes. Esto fue consecuencia del siguiente eslabón de la cadena: la ideología de la lucha de clases que, en este contexto, no tenía cabida lógica ni de ningún tipo.
En otras palabras, los constituyentes (o algunos) de 1984-1985 vieron en los funcionarios y empleados públicos (que todos, realmente, son funcionarios porque ejercen funciones públicas), al igual que en el sector privado, “clases sociales luchando una contra otra”.
Como consecuencia de eso, en la Constitución consagraron la huelga de los “empleados” del Estado y, de ahí, aunque en la Carta Magna ni se mencione, han brotado como hongos venenosos docenas de pactos colectivos que, para todo efecto práctico, han dado sepultura al régimen del servicio civil y a la profesionalidad de las administraciones públicas del Estado. Estas –que se entienda bien por favor—no son empleados enfrentados a un patrono que supuestamente es su enemigo. ¡Son los funcionarios del Estado! ¡A nadie conviene que sus condiciones de remuneración, promoción, retiro, etcétera, sean tales que no interesen a los mejores!
Pero eso es lo que pasó y los políticos, como es lógico, siendo las reglas constitucionales como son, las han aprovechado al máximo, sea del lado del liderazgo político o del sindical público. Desgraciadamente, todo esto tiene su aspecto financiero. Los principios ideológicos están muy bien, pero, sin cierta rentabilidad no tienen caso. Y así, las carreteras, caminos, puentes, accesos, dragados, etcétera se convirtieron en uno de los principales medios para generar esa rentabilidad. Casi ninguna infraestructura que no representara una contribución marginal suficiente para el nuevo negocio se aprobaba ni ejecutaba.
¿Qué tiene esto que ver con la iniciativa de ley de infraestructuras viales? Pues todo. Esta iniciativa procura, con razón, extraer de esa dinámica perniciosa los procesos de toma de decisión para
ejecutar obras de infraestructura vial que tenían que haberse construido hace treinta o cuarenta años. La aprobación de esta iniciativa es indispensable para que el calendario de las autopistas, carreteras, caminos, etcétera, pase de 1984 a 2024. Así de sencillo.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala 9 de abril de 2024.
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