Érase una vez que la Dirección General de Caminos construía, eso, caminos. Tenía un cuerpo de ingenieros de caminos, talleres, camiones, bodegas, etcétera. En otras palabras, era una “constructora”, sólo que gestionada por las administraciones públicas del Estado. Como consecuencia de esto y de que la efectividad de los poderes y órganos de la justicia se han ido debilitando, dando paso a la corrupción, la “constructora” transitó de tener ese carácter al de “predio de chatarra”. Algo parecido, por cierto, ocurre con hospitales, centros de salud, escuelas, puertos, aeropuertos y muchas otras organizaciones e infraestructuras públicas, es decir, se degradan hasta quedar en ruinas.
Hay una serie de actividades en la vida de toda sociedad humana que pueden realizarse dentro de un proceso de coordinación entre individuos y sus organizaciones por medio de intercambios voluntarios de bienes y servicios. Llamamos a ese proceso “el mercado”. Sin embargo, a lo largo de los siglos, con muchos altibajos y contextos diferentes, las sociedades civilizadas, por conducto de sus procesos políticos, han definido ciertas obras y servicios como “públicos”.
Hay volúmenes enteros en los que se discuten los elementos y características de los servicios y obras públicas. Para estos efectos, se trata de actividades valiosas para la convivencia social para las que resulta más costosa su prestación dentro de un proceso de coordinación voluntaria que su organización por un órgano del municipio, de la región o del Estado sufragada con algún tipo de impuesto o de tasa. Además, en algunos casos se trata de actividades que los órganos políticos de la colectividad consideran que “deben” estar al alcance de una gran mayoría independientemente de sus costes. Son ejemplo de todo esto los caminos y otras infraestructuras, el transporte colectivo, la seguridad, los cuidados de la salud, la educación básica, el alumbrado público, etcétera.
Desde un punto de vista de eficiencia económica, lo ideal es que cada individuo u organización pague el coste de los bienes y servicios de los que disfruta y en la medida que los disfrute, pero desde otros puntos de vista, como la solidaridad y la dignidad humanas, que se debaten y ponderan por medio del proceso político de cada sociedad, con frecuencia se da mayor peso a otras consideraciones que la eficiencia económica.
Es importante comprender que, inevitablemente, se producen ciertas pérdidas de eficiencia económica por cada servicio, obra o actividad que, pudiendo prestarse mediante procesos de coordinación voluntaria en los que cada individuo u organización cubre el coste de disfrutarlos, se traslada al ámbito de los servicios u obras públicas. Los impuestos o tasas recaudados para sufragar esas actividades dejan de estar disponibles para invertirlos en actividades productivas generadoras de empleo y crecimiento económico.
También es fundamental entender que, el hecho de que una actividad se conforme como servicio u obra pública, no implica, necesariamente, que su construcción, desarrollo o gestión deba estar en manos de un órgano público, como la Dirección General de Caminos. El peaje de una autopista desarrollada y gestionada por una empresa privada puede ser subvencionado total o parcialmente por el Estado al igual que el coste de los servicios de atención a la salud en clínicas, hospitales o centros de salud pueden ser cubiertos total o parcialmente por el Estado, aunque sean prestados por empresas privadas. No es la prestación del servicio por un órgano público lo que lo hace “público”, sino cómo se sufraga dicha prestación. Si la sociedad guatemalteca quiere mejores servicios públicos, lo mejor es que sean prestados por empresas privadas y sufragados por el Estado.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala 29 de mayo de 2024.
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