Según ha publicado este diario (edición del 26 de junio), el periodista José Rubén Zamora ha estado 700 días en prisión y la medida sustitutiva de arresto domiciliario que se le había concedido en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de dinero y otros activos, ha sido revocada en apelación.
Fuera del ámbito técnico-legal he escuchado muchos comentarios sobre este caso. Algunos, lo han visto como una venganza a manos de un conjunto más o menos indefinido de integrantes del establishment político del país, exfuncionarios y particulares que, teniendo la oportunidad, tiraron de las cuerdas del sistema y llevaron a José Rubén Zamora a la cárcel. Otros, dan crédito a la posible comisión por parte suya de los delitos que se le imputan.
La primera tesis descansa en dos hechos notorios, a saber: uno, que El Periódico, fundado y dirigido por Zamora, realizó investigaciones periodísticas que pusieron en la picota pública a una serie de personas con poder y conexiones suficientes para vengarse y, dos, que en la sección dominical “El Peladero” señaló de abusos, ilegalidades o corruptelas a muchas de esas personas, llevándose por delante, en algunas ocasiones, a otras que, realmente, fueron mencionadas por error (sea de las fuentes o del diario). La segunda tesis se relaciona con el hecho de que, por diversas razones, algunas de ellas relacionadas con las publicaciones “anti-establishment” de El Periódico, su situación financiera era complicada y necesitaba urgentemente de fondos.
Todos esos hechos y circunstancias deben investigarse, imputarse, probarse (venciendo la presunción de inocencia) y juzgarse por los órganos competentes del sistema de justicia y las páginas de opinión de un diario no están, me parece, para erigirse en “tribunal a la sombra” para juzgar lo que haya o no ocurrido. Sin embargo, este es un caso de relieve público e interés general y, como tal, requiere de análisis y reflexiones.
El relieve público deriva de la posición como director de uno de los principales diarios del país que ocupaba el hoy sometido a prisión preventiva. Las funciones informadora y fiscalizadora de la prensa en sociedades abiertas, cuya Constitución garantiza los derechos fundamentales de sus ciudadanos, forman parte de la esencia misma de la libertad humana. No es posible siquiera concebir una sociedad abierta sin libertad de prensa. Y, en mi opinión, de ahí deriva el imperativo de que el ejercicio de los poderes de investigación de delitos, de su prosecución y enjuiciamiento debe producirse con la mayor diligencia, prudencia y sensibilidad respecto de dicha libertad.
En ese orden de ideas, a dos años de la supuesta perpetración de los hechos justiciables el periodista Zamora continúa en prisión sin una sentencia firme. Si, para buscar algún plano de comparación uno se fijara en los procesos judiciales que se han llevado a cabo en Estados Unidos contra de ex funcionarios del más alto nivel en Guatemala que fueron extraditados durante los últimos años, encontraría que, por ejemplo, el expresidente Alfonso Portillo fue extraditado en mayo de 2013 y para mayo de 2014 había aceptado los cargos que le formularon por el mismo tipo de delito y su situación jurídica estaba decidida.
El relieve de interés general se centra en un hecho fundamental: disipar cualquier duda en la mente de los ciudadanos y sus instituciones sobre cualquier tipo de motivaciones ajenas a la posible comisión de un delito por parte del periodista Zamora que lo hayan llevado a prisión ya por más de dos años sin una sola sentencia firme. Sumada a sus derechos fundamentales, la libertad de prensa, columna vertebral de toda sociedad abierta, exige de la justicia guatemalteca la mayor diligencia y especial prudencia en este caso.
Eduardo Mayora Alvarado
Rio de Janeiro 26 de junio de 2024.
Sé el primero en comentar