De acuerdo con la “sabiduría popular” (de hace unos años), quien tiene el afán de hacer dinero, se mete a negocios. Descubre esa fórmula que le interesa a los consumidores de su mercado objetivo y les vende los productos o servicios que ellos demandan.
Pero, de acuerdo también con la “sabiduría popular” de hace unos años, quien está interesado en cambiar las cosas, es decir, que la vida social transcurra de acuerdo con unos determinados valores y principios, se mete a política. Organiza un partido político y busca contribuyentes y correligionarios.
A esos que quieren cambiar las cosas, según la sabiduría popular de hace unos años, no les interesa hacer dinero. Si tal fuera su interés, se hubieran metido a empresarios. Para ellos la realización de sus ideales tiene más valor que hacerse ricos.
A los idealistas, de acuerdo con la sabiduría popular de hace unos años, el poder no les interesa más que como un medio para lograr hacer realidad sus ideales y, sin embargo, hoy en día, la realidad es tan diferente que lo que se cree, según la sabiduría popular contemporánea, es lo contrario.
Efectivamente, hoy en día, la antigua visión de que uno se mete a la vida política para cambiar las cosas, la vida social, la condición humana, pero no para hacerse rico y poderoso, está en crisis. Es verdad que no en todas partes y no por igual. ¿Qué hace la diferencia?
Son muchos los factores, pero, uno de los más importantes, me parece, es la mayor o menor solidez del sistema de justicia de una sociedad. Voy a intentar explicar lo que quiero decir con un ejemplo hipotético. Imagine usted que un buen día unas cuantas personas organizan el partido político “Florecer”. Las reglas del Estado le reconocen a Florecer un estatus especial, por su condición de partido político. Puede recaudar contribuciones para sus actividades partidarias, puede hacer proselitismo, proponer candidatos a cargos de elección popular, intervenir y opinar sobre asuntos electorales ante las autoridades competentes y recibir subvenciones del Estado. Los estatutos y documentos programáticos de Florecer apuntan a una determinada ideología y, así, quienes donan dinero para el partido y se registran como sus afiliados entienden que Florecer ha de promover y promueve en todo aspecto de la vida pública esa ideología.
Pero, unos meses más tarde se publica una noticia desvelando “negociaciones” entre líderes de Florecer y determinados inversores interesados en que el gobierno
desarrolle ciertas obras públicas y, a cambio de su apoyo, ofrecen una jugosa contribución a Florecer. Poco tiempo después llega el día de la aprobación o rechazo de una iniciativa de ley que, claramente, encaja en la ideología de Florecer. Pero, sorpresivamente, sus diputados votan en contra y, acto seguido, trasciende a las noticias que un cierto grupo interesado en que esa iniciativa de ley no se promulgara ha hecho una contribución significativa a Florecer.
En un país con instituciones jurídicas sólidas, normalmente habría un órgano integrante del régimen político-electoral que investigarían de oficio ese tipo de circunstancias. Simplemente porque no se vale usar la “forma” de partido político para dedicarse a la “sustancia” de los negocios. Ninguna persona jurídica puede legalmente simular ser una cosa, pero ser otra. Esa investigación desembocaría en algún proceso legal ante un tribunal independiente en el que, de comprobarse que Florecer funciona como “intermediario” de favores e influencias en la arena política, se acordaría su cancelación u otro tipo de sanción. En un régimen así, las leyes no protegen a los que pretenden usar de la política para hacer negocios lucrativos.
Eduardo Mayora Alvarado.
Ciudad de Guatemala, 9 de julio de 2024.
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