En referencia a mi anterior artículo, creo que Mario Antonio Sandoval se ha batido en contra de un “molino de viento” pues la expresión “tribunal a la sombra” se emplea ahí en el mismo sentido como, por ejemplo, en Inglaterra se hace uso de la frase “shadow cabinet”. Nada tiene de peyorativa esa expresión.
Paso al tema de hoy. Reflexionando sobre ciertas noticias que aparecen con demasiada frecuencia en los diarios del país, creo que, probablemente, se han confundido ciertas ideas fundamentales relativas a la esencia de los “servicios públicos”.
Me refiero a esa pléyade de noticias sobre hospitales desabastecidos, escuelas públicas en ruinas, carreteras bloqueadas por derrumbes, puertos y aeropuertos al borde del colapso, hechos de violencia (que ponen de relieve la precariedad de los servicios de seguridad) y la falta de certeza jurídica (que pone de relieve la ineficacia del sistema de justicia), que llenan las páginas de los diarios y crean una sensación de zozobra en la población. Así, los servicios de salud, educación, seguridad, justicia y las infraestructuras básicas para la vida social y económica, son un obstáculo para el desarrollo del país.
Contrastando con esas realidades, se desarrollan industrias con estándares de clase mundial, universidades, centros comerciales, cientos de inmuebles en régimen de propiedad horizontal, hospitales y clínicas privadas con tecnología de punta se erigen todos los años, urbanizaciones visitadas por turistas nacionales y extranjeros, (como Ciudad Cayalá, por ejemplo), se desarrollan autopistas privadas y se exporta energía eléctrica a otros países, ya hay más celulares que habitantes y, del lado estatal, la libertad cambiaria y la gestión monetaria y crediticia constituyen la envidia de toda la región. El Quetzal “vuela” sin sobresaltos y la inflación, si bien por encima de lo deseado, se ha mantenido bajo control. A la raíz de esos contrastes está la confusión predominante sobre la esencia de un servicio público.
La idea contemporánea de “servicio público” no designa tanto quién presta materialmente el servicio como las bases de su financiación y los costes para los usuarios. Por conducto del proceso político las sociedades modernas constantemente mueven las fronteras de los servicios públicos y privados dependiendo de las ideologías predominantes. Eso, nunca va a cambiar. Empero, tanto si se amplían los horizontes de los servicios públicos como si se circunscriben, en esas sociedades, muchos servicios públicos se han tercerizado total o parcialmente.
Esto se debe a que, si un hospital se gestiona por una empresa concesionaria y llegan a escasear determinados medicamentos, los administradores resuelven y ejecutan su adquisición en cosa de horas. En cambio, en un hospital estatal una licitación, si sale adelante, tarda meses. Como la financiación proviene del Estado, al Ministerio de Salud Pública le correspondería la función de verificar que se cumplan los niveles de calidad y seguridad previstos en el instrumento de concesión, pero no la “misión imposible” de hacer algo para lo que está claro que es ineficiente.
Para los usuarios, el concesionamiento de ciertos servicios públicos a prestadores privados no significa que vayan a ser más caros. En la actualidad se han desarrollado muchas técnicas para canalizar subvenciones estatales por conducto de servicios tercerizados, de manera tal que los beneficiarios no cubren la totalidad de los costes del servicio de que se trate. Dependiendo de lo que por medio del proceso político cada sociedad decida que deba financiarse por el Estado, con cargo a los impuestos pagados por toda la población, la porción de la subvención estatal de cada servicio público puede ser parcial o total, pero el prestador material no tiene por qué ser un órgano estatal cuyos procedimientos y mecanismos son, por sí mismos, inadecuados para una administración eficiente. La prestación del servicio puede estar en manos de una empresa privada, pero con financiación pública y supervisión estatal.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala, 2 de julio de 2024.
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