Los grandes atascos, los de todos los días (no digamos los que se presentan cuando ocurre un accidente o un suceso como el del pasado lunes), ocurren porque el caudal de tráfico de casi cualquiera de las grandes calzadas, avenidas o bulevares de la capital y las otras ciudades que la rodean formando parte del área metropolitana llegan a un semáforo, a un embudo o a un punto en el que, quienes transitan por el “carril 1” necesitan pasar al “carril 4” y viceversa.
En muchos de esos casos, un puente, un paso a desnivel, un túnel o un distribuidor de tráfico (“un trébol”) resolverían buena parte del problema, pero, entre otras cosas, no existen los recursos para ejecutar esas obras ni el marco jurídico que permita planificarlas, licitarlas y ejecutarlas en un plazo razonable. Dejemos de lado, por ahora, los amaños, las mordidas, las impugnaciones frívolas, etcétera.
Muchas de esas infraestructuras podrían ser negocios rentables que, sin duda alguna, muchos empresarios estarían dispuestos a desarrollar y explotar. Tampoco cabe duda de que, ya sólo en horas de vida, cientos de miles de automovilistas se ahorrarían diariamente sumas importantes de dinero, con todo y el peaje que tuvieran que pagar por usarlas.
Considere, estimado lector, un ejemplo. Hoy en día en casi todos los distritos de negocios y comerciales de la región metropolitana, se observan dos modalidades para estacionar los automóviles de quienes trabajan en el sector o de quienes acuden a una cita, a una compra, a una gestión, etcétera. Unos, se estacionan en las calles aledañas y otros en estacionamientos privados que van desde los más sencillos hasta los más sofisticados. A estos últimos miles de automovilistas ingresan sin siguiera recoger un tiquete, porque sus automóviles portan una calcomanía que un lector identifica y, automáticamente, genera por canales electrónicos un cargo a la tarjeta de crédito del usuario.
Nadie obliga a quienes usan de los estacionamientos a servirse de ellos. Tienen la libertad de buscar lugar en las calles, pero, sea por seguridad, por comodidad, por ahorro de tiempo, etcétera, deciden pagar el coste del estacionamiento privado. ¿Por qué no puede pasar eso mismo al atravesar un túnel, pasar por un puente, atravesar un paso a desnivel o lo que fuera? Una respuesta puede ser que, mientras que el lote o edificio en el que se construye o instala el estacionamiento pagado es de propiedad privada y, entonces, propietario y empresario negocian y cierran un acuerdo mutuamente satisfactorio. En el sector público, eso se percibe imposible.
No es imposible. Se percibe así porque el marco jurídico existente y su caótica interpretación y aplicación por autoridades administrativas y judiciales y lo increíblemente retardado de cualquier proceso para resolver el recurso más sencillo, han creado la madeja, la telaraña, el nudo en que vivimos. Pero, no tiene por qué ser así.
El Congreso puede pasar una ley por la cual cree, como un día creó el Administrador del Mercado Mayorista de la energía eléctrica, al “Administrador del Mercado de Infraestructuras Viales”. Esa ley organizaría un mecanismo de pre-calificación conducente a una licencia para operar como desarrollador y operador de infraestructuras viales y, cada vez que una Muni sacara a concurso público un puente, un túnel, un distribuidor de tráfico, un paso a desnivel, ese administrador lanzaría el concurso y lo adjudicaría al postor que, contando con una licencia, pague más por desarrollar y operar la infraestructura tras firmar un contrato y cubrir las garantías correspondientes. Los automovilistas que quieran hacer uso de ella, como del estacionamiento privado, lo pagarían y los que no, irían por las vías ya existentes que, además, quedarían descongestionadas (como también las zonas de estacionamiento de las calles) gracias al uso que muchos harían de las infraestructuras a pago.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala, 12 de agosto de 2024.
Sé el primero en comentar