Dedico este artículo a una reflexión sobre esa deformación del sistema de justicia que, por cierto, como se ha publicado en el penúltimo numero de The Economist, no es una enfermedad institucional exclusiva de Guatemala, ni mucho menos. Desde Tailandia hasta los propios Estados Unidos, se ha recurrido a los procesos legales para fines de política partidista. Pueden ir desde poner en tela de juicio la reputación de un contrincante hasta impedir su presentación en un proceso electoral.
Este tipo de deformación puede presentarse desde el partido o facción en el poder, como desde otros grupos de interés, siempre y cuando logren una influencia suficiente para dar apariencia de infracciones legales a hechos y circunstancias que, verdaderamente, carecen de las implicaciones que se les atribuye.
Como he mencionado en este espacio hace cosa de semanas, esta “lawfare” ya lleva por lo menos una década y media y, entre otras cosas, ha desgastado la credibilidad en la justicia. Esto, para el caso de Guatemala, es especialmente problemático porque el desempeño de las instituciones de justicia en asuntos ordinarios, es decir, que nada tienen que ver con la política, ya deja mucho que desear.
Hacia el 75 AC Julio César perdió un juicio crítico en su carrera contra Dolabela, debido a que los optimates del senado controlaban a los jueces. De ese proceso siguió el exilio y, también, su determinación de promover la reforma de las instituciones de la república romana para lograr la independencia judicial.
Creo que eso pone de relieve hasta qué punto la humanidad repite sus errores. Porque es un error instrumentalizar la justicia. Uno de los que más caros salen a cualquier sociedad. Las persecuciones políticas y las venganzas que siguen, consumen energías, recursos y tiempo valiosos, pero, sobre todo, confrontan a los sectores en pugna que, por su parte, procuran involucrar en el conflicto al resto de la sociedad. Cuando todo eso ocurre desde el sistema de justicia, el régimen político mismo pierde legitimidad y credibilidad.
Cuando las denuncias, querellas y demandas se plantean por de todos contra todos, el ciudadano medio no puede más que preguntarse si todo está podrido o si vive en una gran obra de teatro, en una farsa. Cada una de las facciones procura alianzas con los grupos de interés y de poder y, por supuesto, “no hay almuerzo gratis.” Es un proceso que pasa por acciones para controlar la designación de las autoridades de justicia, por denuncias y acusaciones basadas en medias verdades y procesos que se caracterizan por el secreto, sin justificación moral ni
explicación lógica El resultado final es sembrar la semilla del siguiente ciclo. Mientras tanto, las inversiones de nacionales y extranjeros se detienen, pues, sin seguridad jurídica, no cabe arriesgar capitales.
Eduardo Mayora
Guatemala 24 de agosto de 2024.
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