¿Conviene invertir en una buena administración pública?

      Los profesionales de la administración de empresas hablan de “cazar y conservar talentos”. Esto alude al interés de los propietarios o de los accionistas de la empresa de conseguir a los mejores administradores que a la empresa convenga para optimizar sus objetivos de desarrollo y sus ganancias. En el mundo hay instituciones de formación superior que han adquirido fama internacional por sus programas en materia de administración de empresas. El “Financial Times” menciona entre las diez mejores del mundo a las escuelas de “Wharton” (Pensilvania), “Columbia Business School” (Nueva York), “IESE Business School” (España) y “Kellogg School of Management” (Illinois). Las grandes empresas del mundo compiten por “cazar” los talentos que provienen de este tipo de escuelas de negocios y, claro está, mientras más se demandan sus servicios, mejores son las condiciones de “carrera corporativa” que se les ofrecen. Las remuneraciones impresionantes que se les ofrecen son proporcionales a sus aportes al desarrollo de la empresa en que se desempeñan y el sector en que operan. No deben confundirse, sin embargo, las competencias de esos grandes administradores con la genialidad de ciertos empresarios. En ocasiones, las competencias de los administradores y la genialidad de los empresarios coinciden. Pero, por lo general, a esos administradores de empresas se los “caza” por sus competencias como tales. Su valor para el éxito de la empresa es crucial. Si no me equivoco, todo lo dicho arriba es bien conocido. Nada de especial ni novedoso. Menos se conoce que en algunos países se siguen criterios parecidos para conformar las administraciones públicas del Estado. En los Estados Unidos están las escuelas de gobierno de Harvard y de Stanford, en el Reino Unido la de Oxford y en Francia la Escuela Nacional de Administración Pública, para no mencionar sino unas cuantas. No solamente cuesta ser admitido y graduarse de esas facultades, todavía más cuesta ingresar a los cuadros superiores de las administraciones públicas de esos países. Sistemas hay varios, pero, en síntesis, se propone a los potencialmente interesados un “plan”. Unas pruebas o concursos públicos por oposición, es decir, competitivos, que constituyen un primer filtro. Una vez dentro del régimen, de acuerdo con algo parecido a la Ley del Servicio Civil de Guatemala (hoy día sepultada bajo pactos colectivos leoninos firmados en secreto), se ofrece toda una “carrera”. Por ella se avanza de acuerdo con un sistema de incentivos que, allí donde el plan está bien articulado, premia a los más competentes y eficientes. Al cabo de un cierto número mínimo de años de servicio, se ofrece una jubilación en términos que aseguran unos ingresos razonables para el jubilado de ahí en adelante. La clave está en que, también este régimen del servicio civil (ahí donde funciona bien) busca “cazar” talentos y conservarlos. De eso depende que millones de personas gocen de orden y seguridad, de buenos servicios educativos y de salud, de que se desarrollen infraestructuras públicas adecuadas para el desarrollo económico y unas relaciones internacionales funcionales. La situación actual en Guatemala ha sido por unas cuatro décadas casi exactamente lo opuesto. Al talento se le ahuyenta de las administraciones públicas y la profesionalidad es otra de las víctimas de los líderes sindicales. Dejando a salvo escasas y honrosas excepciones, la generalidad de los burócratas es un obstáculo al desarrollo. Las víctimas principales de todo esto son los pobres. Ellos serían los principales beneficiarios de unos buenos servicios públicos básicos. La economía nacional arrastra el pesado lastre de administraciones ineficientes e infraestructuras inexistentes. ¿Conviene invertir en buenas administraciones públicas? Eduardo Mayora Alvarado. Cavtat, 8 de septiembre de 2024.