Me parece que, en una economía de mercado, la idea del salario mínimo solamente tendría algún sentido en circunstancias en las que la mayor parte de cualquier aumento salarial no se repercuta a los precios de los bienes y servicios que se producen en la economía. A raíz del aumento de los salarios mínimos, algunos por las redes sociales hablan de quiebras de empresas, de despidos, de mayor informalidad y otras consecuencias parecidas. Ninguna de ellas puede descartarse en alguna medida. Con carácter general, eso sí, la rentabilidad de las empresas que contratan trabajadores beneficiarios del aumento del salario mínimo, ha bajado.
Si uno imagina una empresa que antes del aumento lograba una rentabilidad del 9% sobre lo invertido por los empresarios y que después del aumento ese indicador baja al 7%, es probable que, a pesar de que la empresa sigue siendo rentable, de todas maneras, cierre. Los empresarios podrían liquidar la empresa y con lo que recuperen comprar bonos del tesoro con una rentabilidad muy parecida o mayor a 7% sin tener que mover un dedo. Las potenciales nuevas inversiones se ven afectadas de la misma manera. Unos posibles inversores, nacionales o extranjeros, que se interesaban por una nueva inversión que hubiera redituado un 12% sobre su inversión, al bajar, por ejemplo, a 10%, puede que ya no se interesen.
En definitiva, por regla general los empresarios realizan inversiones o mantienen las ya realizadas atraídos por ciertos rendimientos. Cuando esos rendimientos disminuyen por debajo de un cierto nivel, el capital se va para otra parte. Nada de eso ocurre inmediatamente, claro está, y por eso, del lado del clima político, es probable que haya momentos en que un aumento de salarios mínimos parezca una decisión acertada. Puede generar una buena imagen o impresión del gobierno en el corto plazo, pero no sin consecuencias en el medio y largo plazos.
También se han aumentado las remuneraciones a los diputados. ¿Caben aquí los mismos comentarios? Decididamente, no. La naturaleza de las relaciones que se entablan entre trabajadores y patronos y las que existen entre los órganos del Estado y sus funcionarios y dignatarios, son esencialmente diferentes. Aquellos, están en un mercado. Los patronos procuran bajar los precios –salarios—de los trabajadores que necesitan y los trabajadores procuran los precios más altos posibles por sus servicios. De tiempo en tiempo se llega a un área alrededor de la cual la oferta y la demanda se encuentran. El Estado y sus funcionarios, están en un régimen que persigue la realización de ciertos objetivos de interés colectivo a la luz de ciertos principios y valores que definen la esencia de la sociedad políticamente organizada. Entonces, los órganos del Estado no van tras la maximización de ganancias, sino tras la realización de los fines del Estado. Así, deben cubrir a sus funcionarios y dignatarios las remuneraciones que garanticen que las administraciones públicas, los tribunales de justicia y el Congreso –la asamblea representativa de los ciudadanos—cuente con funcionarios y dignatarios con las competencias, cualificaciones y prestigio necesarios para que esos objetivos de interés colectivo se alcancen y se materialicen para el bien común. Si los órganos del Estado cubrieran unas remuneraciones insuficientes para atraer funcionarios y dignatarios con esas características, el Estado no “ahorra” nada ni mejora sus “ganancias”. Por el contrario, lo más probable es que fracase en su intento por realizar sus fines, como la justicia, la libertad, la paz y el orden, que son del interés de todos.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala, 25 de diciembre de 2025.
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