Una de las perspectivas desde la cual puede analizarse el derecho penal es la microeconómica. Es decir, empleando las herramientas de la microeconomía. No, por favor, no pare de leer el artículo; no es tan aburrido como pudiera parecer.
Esto consiste en lo siguiente: imagine usted a tres personas que se han enterado de que un común amigo ha logrado extraer una mordida que le ha resuelto deudas y deseos y, mejor todavía, hasta ese momento, sin consecuencia alguna. Al igual que este amigo, dos de ellos trabajan en cierta dependencia estatal que, como es de esperarse, concede o deniega; extiende con prontitud o retrasa por meses sin fin, algún tipo de licencia necesaria para desarrollar ciertas actividades empresariales. El otro, trabaja en un banco.
La conversación entre ellos se enfoca en diversos aspectos. Por supuesto, el ético. Todos coinciden en que su común amigo ha actuado mal. Pero, –comenta uno de ellos—la verdad es que esas licencias son una farsa. Nadie comprueba a fondo si el solicitante cumple los requisitos técnicos, los dictámenes que se presentan son pagados y, en definitiva, algunas licencias se extienden a ciegas y otras se deniegan por puros formalismos. En esto, también coinciden los tres. A continuación, pasan a ponderar el tipo de riesgo que su común amigo está corriendo. Si lo pescan, parará en la cárcel. En eso, también, coinciden los tres. Pero, –comenta otro de ellos–, si lo sabemos nosotros, seguramente otros también lo saben y, bueno, han pasado más de seis meses y “parte sin novedad”.
Este tema de “si lo pescan” se convierte en el núcleo de la conversación. Uno de ellos apunta a la labor de los contralores de cuentas en esta dependencia estatal. Todos coinciden en que es un problema, pero, –apunta uno de ellos—los contralores, también, se fijan en puras formalidades y, además, según nos ha dicho nuestro común amigo, siempre se deja una “reserva” para atender contingencias inesperadas.
El amigo banquero, especialista en análisis de riesgos, les dice: –miren, a nivel teórico, porque yo no estoy para ese tipo de líos, el tema es de comparar los beneficios netos totales contra las pérdidas netas totales multiplicadas por la probabilidad de que se materialicen. Los otros se miran el uno al otro y uno de ellos responde: –¿Cómo así? El banquero explica: –dime, ¿de cuánto sería la mordida? –Mínimo – responde el otro- de un millón para cada uno. –Bien. Si pararan cinco años en la cárcel, ¿cuánto perderían? –Mínimo, cinco millones cada uno – responden. –Y, ¿cuántas son las probabilidades de que los pesquen, juzguen y condenen? –No más de un 10% – responden. –Entonces, -explica el banquero-, el 10% de cinco millones son Q500,000.00; eso, comparado contra un millón que cada uno de ustedes conservaría después de cubrir todas las contingencias, parece un buen negocio. –La decisión final -agrega- depende de sus escrúpulos y de si, como yo, prefieren no meterse en líos.
Y, un cálculo parecido hace todo potencial infractor de una ley o un reglamento. ¿No es verdad, estimados lectores, que cuando muchos llegan a un semáforo en rojo, si no viene nadie y no parece haber cámaras ni policías, se pasan en rojo?
Así, el sistema de justicia es un factor que puede disuadir o persuadir de la comisión de un delito. Cuando la detección, la investigación, el juicio y la condena son riesgos altos para un potencial delincuente, sumados a sus escrúpulos éticos y su mayor o menor aversión al riesgo, no se cometerá el delito. De lo contrario, la criminalidad tenderá a ser alta. Mientras más y más personas se percatan de que las probabilidades de ser detectado, investigado, juzgado y condenado son bajas, mayor será la tendencia a delinquir si la oportunidad se presenta.
Eduardo Mayora Alvarado
1 de enero de 2025.
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