Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, una serie de medidas y acciones ejecutivas han generado incertidumbre en el panorama internacional. Entre estas medidas se encuentran el aumento de aranceles de importación, la deportación de inmigrantes ilegales y la exigencia de mayores aportes y esfuerzos de los aliados comerciales, militares y diplomáticos de Estados Unidos. Frente a este escenario, es crucial que tanto el gobierno de Guatemala como su sector de negocios adopten una actitud proactiva y estratégica.
Una de las principales áreas en las que el gobierno de Guatemala debe enfocarse es en el fortalecimiento de sus instituciones de «ley y orden». Específicamente, fortalecer los órganos de investigación y persecución del crimen organizado es esencial para cooperar con los esfuerzos de «law enforcement» de los Estados Unidos. Esta colaboración es vital para combatir el tráfico de drogas, la actuación de pandillas de delincuentes transnacionales y el tráfico de armas y personas. Una cooperación más estrecha con las agencias estadounidenses no solo mejorará la seguridad en Guatemala, sino que también fortalecerá las relaciones bilaterales.
El Congreso de Guatemala debe tomar medidas proactivas ante la posible deportación de decenas de miles de guatemaltecos. Una de las estrategias más efectivas sería la modificación del Presupuesto General de la Nación para crear un fondo financiero. Con los recursos de un fondo tal, el Banco de Guatemala pondría a disposición de los bancos del sistema recursos a una tasa de interés subvencionada que los bancos podrían prestar a los empresarios guatemaltecos para que puedan absorber y emplear a los inmigrantes deportados, facilitando su reintegración en la economía guatemalteca y mitigando los posibles impactos sociales y económicos de las deportaciones masivas.
La creación de este fondo sólo se justificaría ante una situación de graves desequilibrios sociales y económicos creados por deportaciones masivas, si llegan a producirse. Las financiaciones subvencionadas podrían estar destinadas a los sectores de la economía que absorben más mano de obra.
La implementación de este fondo requeriría una estrecha colaboración entre el gobierno, el sector privado y las instituciones financieras. Se podrían establecer criterios específicos para la elegibilidad y el uso de las financiaciones subvencionadas, asegurando que los fondos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Asimismo, se podrían crear mecanismos de seguimiento y evaluación para monitorear el impacto del fondo y realizar ajustes según sea necesario.
Otra opción que se abre es que tanto el gobierno de Guatemala como su sector de negocios pueden aprovechar la oportunidad para proponer al gobierno de Trump el desarrollo del «canal seco interoceánico» en Guatemala. Este proyecto ofrecería una alternativa adicional al Canal de Panamá, beneficiando a las empresas y el comercio de Estados Unidos y del mundo. La creación de esta infraestructura no solo impulsaría el crecimiento económico de Guatemala, sino que también fortalecería su posición geoestratégica en el comercio global.
En conclusión, ante las políticas del gobierno de Donald Trump, Guatemala debe adoptar una postura resiliente y estratégica. El fortalecimiento de las instituciones de «ley y orden», la creación de un fondo de financiaciones subvencionadas para absorber a los inmigrantes deportados, y la propuesta del canal seco interoceánico son medidas clave que pueden ayudar a Guatemala a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta el nuevo panorama internacional. Con una actitud proactiva y colaborativa, Guatemala puede no solo mitigar los posibles impactos negativos, sino también fortalecer su economía y su seguridad nacional.
Eduardo Mayora Alvarado
Miami, 22 de enero de 2025
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