La Constitución promulgada en 1985 y reformada parcialmente en 1993, está a punto de cumplir cuatro décadas de vigencia. Pienso que ese hecho es, en sí mismo, un signo de que los grupos, partidos, instituciones de la sociedad civil (como la prensa, las universidades, los centros de investigación y las iglesias, por ejemplo) y los ciudadanos han optado, en general, por cierta estabilidad política. Si a eso se suma una estabilidad macroeconómica (sobre todo a partir de 1993) más que razonable, quizás no sea igualmente razonable que el importe del PIB per cápita a precios actuales haya ido de aproximadamente $1,240 en 1985 a alrededor de $2,765 en 2008 y a aproximadamente $5,765 en 2023 (https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GT). En Costa Rica fue de aproximadamente $1,560 en 1985 a $16,940 en 2023 (https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CR), es decir, arrancando en un punto comparable, unas cuatro décadas más tarde el PIB de los costarricenses ha crecido el triple que el de los guatemaltecos.
Creo que una teoría que bien puede explicar esta diferencia se encuentra en la obra de Acemoglu y Robinson intitulado “Por qué Fracasan los Países”. Los autores sostienen que puede hablarse de instituciones inclusivas y extractivas, según fomenten la participación económica de una amplia base de la población, protejan los derechos de propiedad y permitan la movilidad económica y política o, por el contrario, concentran el poder y la riqueza en manos de unos pocos, limitando la participación de la mayoría. Así, cuando el poder político se controla por una pequeña élite, tiende a crear instituciones extractivas que benefician sus propios intereses, en contraste con un poder distribuido de manera más equitativa, que fomenta instituciones inclusivas.
Según los autores, en sociedades distintas situadas en circunstancias parecidas en cualquier momento determinado, sus élites pueden o no tomar decisiones tendientes a forjar instituciones inclusivas. Los autores ofrecen muchos ejemplos de cómo es que en las sociedades que instauran instituciones inclusivas y el poder político es fuerte, pero pluralista (no autocrático), suele encontrarse el crecimiento sostenible. Estas sociedades fomentan la innovación, las inversiones en educación y el desarrollo, lo cual a su vez alimenta un ciclo positivo de crecimiento económico.
Esas decisiones fundamentales que las élites de Costa Rica y de Guatemala tomaron en una u otra dirección durante, digamos, los últimos ochenta años (porque los dos países enfrentaron una revolución en la década de los cuarenta del siglo pasado) pueden no haber sido siempre acertadas ni en todo aspecto. Por eso, por ejemplo, durante cierto tiempo la U.R.S.S. tuvo un notable crecimiento económico que, en definitiva, no fue sostenible.
Según los autores, esa retroalimentación positiva, cuando las decisiones apuntan en dirección de un régimen político pluralista, forjador de instituciones inclusivas, ayuda a reforzar y perfeccionar el modelo. Así, según el índice de Estado de derecho del WJP para 2024, Costa Rica se sitúa en el puesto 29 de 142 países, mientras que Guatemala en el puesto 107. En libertad de prensa (Reporteros sin Fronteras), los respectivos puestos son 26 y 138, para 2024 y en libertad económica, la calificación de Costa Rica es de 67.7 y la de Guatemala de 62.7.
Creo que todo esto es digno de estudios a profundidad. La adopción por parte de las élites de cualquier país en cualquier parte del mundo de decisiones que apunten en una u otra dirección ha tenido consecuencias para todas sus sociedades y por eso es un imperativo moral que se tomen decisiones acertadas.
(La obra citada incluye un capítulo sobre Guatemala que conviene consultar)
Eduardo Mayora
Guatemala 12 de febrero de 2025
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