La representatividad ciudadana presenta varias dimensiones esenciales para su funcionamiento y legitimidad. Entre ellas, la dimensión institucional juega un papel crucial en asegurar la transparencia, la equidad y la efectividad del proceso comicial. En Guatemala, la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establecen tres instituciones fundamentales: los partidos políticos, los comités cívicos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, en los últimos años, el TSE se ha visto envuelto en una serie de controversias que han puesto en duda la credibilidad del sistema electoral del país.
Las controversias que rodean al TSE se han intensificado especialmente desde las últimas elecciones generales. Cuatro de sus magistrados fueron sometidos a un proceso penal por la supuesta adquisición irregular de un software destinado a realizar un conteo de votos sin carácter oficial. Desde entonces, estos magistrados han sido habilitados e inhabilitados para ejercer sus funciones en varias ocasiones, generando una inestabilidad institucional sin precedentes. Los magistrados suplentes desconocieron a la presidenta del TSE, lo que marcó el inicio de más acciones legales y profundizó la crisis. Recientemente, un reportaje de prensa planteaba que, ante la falta de resolución de este intríngulis, peligra la implementación de las próximas votaciones.
Han pasado casi dos años desde que estos graves señalamientos fueron planteados, y siendo incapaz la justicia común de definir si se ha cometido o no un delito, en lugar de avanzar hacia la perfección de la regulación de los partidos políticos, del régimen de votaciones y de la democracia intra partidaria, Guatemala se ha sumido en una crisis institucional que amenaza la credibilidad del sistema de elecciones. En vez de mejorar la transparencia y efectividad de los procesos de votación e información a la ciudadanía, el país está atrapado en batallas legales que desgastan la confianza en el régimen democrático y en los sistemas de justicia común y constitucional. Y es que es increíble que, tratándose de asuntos tan delicados, los procesos queden enredados en una telaraña metafórica de formalismos, recursos y amparos.
La situación actual del TSE y la falta de resolución de las controversias legales representan una amenaza directa a la implementación de las próximas elecciones. La clase política parece estar cometiendo «harakiri» al lanzar recíprocas acusaciones que terminan en madejas de formalismos legales y procesales incomprensibles incluso para los propios juristas. Esta crisis institucional no solo pone en riesgo la integridad del proceso electoral, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en sus instituciones representativas.
Urge una solución a esta “guerra judicial” cuyas principales víctimas son los propios políticos, que más y más son percibidos como voraces depredadores. Cuando se llega a un punto en que el proceso político semeja una batalla de todos contra todos ¿con qué autoridad moral piensan los futuros funcionarios electos exigir que los ciudadanos los reconozcan como legítimos depositarios del poder?
En conclusión, la dimensión institucional de la democracia en Guatemala está atravesando una crisis significativa que requiere atención urgente. La clase política debe sustituir las acusaciones mutuas que se pierden en formalismos intrascendentes por esfuerzos conjuntos para fortalecer las instituciones representativas, mejorar la transparencia y garantizar la efectividad en los procesos electorales. Solo así se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar un futuro institucional sólido y estable para el país.
Eduardo Mayora Alvarado
Ciudad de Guatemala, 9 de marzo de 2025.
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